Siguen sin creer a las maltratadas

octubre 27, 2016 en Artículos por No más violencia de género

Poco que añadir al reportaje que ahora reproducimos. Tan solo una advertencia: las palabras están dichas, los prejuicio señalados, los remedios apuntados…¡manos a la obra!  Y tengo la impresión de que quienes tienen que eliminar los obstáculos y triturar los prejuicios “se lavan las manos o miran hacia otro lado. Y las mujeres victimas de violencia de genero…sufriendo las consecuencias de la indolencia de las autoridades.

José Antonio Burriel

Expertos en violencia de género alertan de lagunas legales decisivas para que las víctimas no puedan ser asesoradas adecuadamente desde que denuncian por primera vez.

Después de las condolencias oficiales, los tuits solidarios y los lamentos por doquier ante los inaceptables fallos concatenados que asombran a las autoridades tras el enésimo crimen machista llega la hora de abordar con sosiego la pregunta clave: ¿por qué una vez más han fallado todos los resortes en la lucha contra el maltrato? Y prácticamente todos los expertos apuntan al unísono en una dirección: siguen sin creer a las víctimas. Desde el juez, o jueza, a la policía, pasando por el ministerio fiscal y otros departamentos claves en la lucha contra esta lacra social.

Stefany María González Escarraman, de 26 años, está ya muerta porque su pareja, un ex policía dominicano de 41 años, le asestó una única y certera puñalada en el corazón con un cuchillo de cocina con una hoja de 20 centímetros y un mango de 10. Sus dos hijos de tres y cinco años presenciaron el crimen. Poco después del asesinato, en los juzgados de Sanlúcar la Mayor la decana Brígida Muro Garrido se preguntaba una y otra vez por qué no impuso hace apenas un mes ninguna orden de alejamiento al criminal. Probablemente valoró que no corría el suficiente peligro aunque la joven había denunciado las agresiones tanto en los juzgados como en el área de asistencia social del Ayuntamiento de Olivares.

EL 43% DE LAS ASESINADAS EN 2016 HABÍA PRESENTADO UNA DENUNCIA PREVIA DE MALOS TRATOS

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía intenta poner el parche antes de que aparezca el hematoma y ha informado que la juez que llevaba el caso de evidentes malos tratos observó “versiones contradictorias” entre víctima y verdugo, ya que incluso el agresor presentó un parte de lesiones para contrarrestar la denuncia de la joven Stefany.

También valoró la jueza, erróneamente a tenor de los resultados lamentables del caso, que José Manuel R. M. no tenía antecedentes penales. Y para colofón de incompetencias la valoración de “riesgo no apreciado” por las fuerzas de seguridad que intervinieron en el caso. Curiosamente, la policía local de Olivares ya había tenido una experiencia negativa con el asesino, cuando este los acusó de “racistas” porque le negaron el paso a una ambulancia que atendía a uno de sus hijos, acompañado de su mujer. El asesino quiso subir a toda la familia al vehículo sanitario, algo que no consintieron ni los agentes locales ni el personal sanitario de la ambulancia.

Marisa Soltero, directora de la Fundación Mujeres
Marisa Soleto, Directora de la Fundación Mujeres.

Abogados de familia consultados por Diario16 coinciden en señalar el “machismo” reinante en buena parte del estamento judicial especializado en violencia de género. “Siguen sin creer a las víctimas”, apunta una especialista. Y aunque la ley en vigor ha supuesto un considerable paso adelante en la lucha contra esta lacra, la falta de medios palpable por un lado y la desidia evidente por otro al valorar el grado de gravedad de las denuncias suman un caldo de cultivo que termina lamentablemente en un crimen que se podría haber evitado simplemente con una orden de alejamiento del agresor. La pregunta es: ¿por qué los jueces no facilitan estas órdenes? “No se creen aún que sean completamente verdad o extremadamente graves las denuncias de estas mujeres y piensan que no se pueden dar órdenes de alejamiento tan alegremente”, opina una abogada.

La directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, se pregunta: “¿Por qué se apela con tanta vehemencia a la presunción de inocencia únicamente en estos casos?”. En declaraciones a Diario16 añade que existe “un cierto miedo a reconocer a las mujeres su derecho a denunciar y a la presunción de inocencia”. Soleto lamenta la espiral actual en que se ha entrado respecto a la violencia de género. “Existe un proceso particular de desconfianza, y ni siquiera se activan algunos mecanismos contemplados en la ley porque de entrada se desprecian sus resortes”, añade.

LA JUEZA BRÍGIDA MURO CONSIDERÓ EL CASO DE OLIVARES UNA SIMPLE “CRISIS DE RELACIÓN DE PAREJA”

Soleto reconoce que desde su organización también han dado la voz de alerta ante lo que consideran un proceso “de tendencia muy dañina de no creer a las mujeres maltratadas”. “Deben demostrar que son víctimas, es lamentable que sea uno de los pocos delitos en los que la denunciante deba demostrar de entrada la veracidad de su denuncia”, denuncia la directora de la Fundación Mujeres.

Desde esta organización sin ánimo de lucro a favor de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, su directora se pregunta “¿por qué existe hoy tanta resistencia a aplicar los mecanismos legales?”. Soleto ve inconcebible que se esté pagando un coste en vidas tan alto “para mantener activa una ley que no se aplica correctamente”.

En este sentido, una abogada de familia especialista en violencia de género intenta acudir al origen concreto del problema: cuando una mujer maltratada acude por primera vez a la policía para denunciar su caso, éstas se ven obligadas a “renunciar” a que un abogado de oficio especializado en violencia de género las asesore desde un primer momento. Por la sencilla razón de que estos abogados especializados no están contemplados presupuestariamente por la Administración. De este modo, la declaración inicial de las maltratadas siempre está sujeto a un formulario policial repleto de clichés estereotipados que hace prácticamente imposible a las víctimas certificar la veracidad de sus denuncias. Y este formulario repleto de limitaciones es el que finalmente llega a la mesa del juez. Por eso los abogados especializados denuncian que el proceso de denuncia comienza mal desde sus inicios, porque no existe un adecuado asesoramiento legal a las víctimas. Y las Administraciones públicas, pese a los actos de repulsa, saben perfectamente que no están dotando con recursos esta atención legal.

La directora de Fundación Mujeres asegura que los alarmantes datos de mujeres asesinadas que habían presentado denuncia previa “no solo son cifras vergonzantes para las administraciones sino que también se convierten en elementos disuasorios para estas mujeres. La siguiente se lo piensa a la hora de denunciar”, apunta Soleto.

Aquella noche de hace exactamente un mes, la del 17 de septiembre, Stefany se decidió a dar el paso adelante después de sufrir golpes y agresiones constantes. En la denuncia, la fallecida explicó que su marido, tras llegar de trabajar a las 22:30 horas del 16 de septiembre, le propinó un puñetazo en la cara, la insultó y la agarró del cuello mientras la zarandeaba y le arrojaba objetos de todo tipo, que incluso uno de ellos, un cucharón, impactó en el hijo de tres años. El servicio de emergencias 112 intervino en la agresión aquella noche y la víctima fue atendida en el hospital de Bormujos, que emitió un parte médico confirmando una herida en el pómulo y arañazos en el cuello y el tórax.

OCHO DE CADA DIEZ VARONES ENJUICIADOS POR DELITOS RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO ACABAN CONDENADOS

Aun así, la jueza Brígida Muro no apreció gravedad en el caso y lo consideró una simple “crisis de relación de pareja” después de que tampoco los agentes apreciaran situación objetiva de riesgo. Ahora, Stefany está muerta de una puñalada asestada por su marido en presencia de sus hijos menores de tres y cinco años.

La Delegación del Gobierno en Andalucía ha anunciado la apertura de una investigación para intentar ver qué ha fallado en este caso, aunque probablemente acabará en carpetazo, porque todos los fallos apuntan en la misma dirección: el estamento judicial y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no valoran la gravedad de estas denuncias.

María Ángeles Carmona, presidenta del observatorio contra la violencia doméstica y de género.
María Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Los servicios sociales de Olivares ofrecieron a la víctima la posibilidad de entrar en una casa de acogida, pero ella prefirió seguir trabajando en Olivares cuidando a dos ancianos. Para colmo de despropósitos, el ministerio fiscal también rechazó la orden de protección solicitada por la mujer. Simplemente valoró el informe preliminar de las Fuerzas de Seguridad, que catalogó de “riesgo no apreciado” la violencia de género sufrida por Stefany. Como tampoco constaban más denuncias de la víctima en los juzgados de Sanlúcar la Mayor, se intentó sin más dar carpetazo judicial al asunto hasta una próxima denuncia. Esta ya nunca llegará. Stefany está muerta. Un cuchillo de 20 centímetros de hoja hendido en pleno corazón tuvo la culpa.

Datos oficiales

Los datos más recientes del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, correspondientes al primer trimestre de este año, certifican que las víctimas están acudiendo a los juzgados de guardia personalmente a denunciar las agresiones que sufren en la mayoría de los casos. Pero también sigue existiendo un porcentaje muy alto de mujeres maltratadas que poco después renuncian a mantener la denuncia. Por miedo o simplemente porque la protección que se encuentran cuando dan el paso no es la deseada ni la que esperaban cuando se animaron o las aconsejaron a que dieran el paso adelante de denunciar.

Un total de 33.917 mujeres han denunciado violencia de género el primer trimestre de este 2016. Casi el 13% de ellas se acoge a la dispensa a la obligación de declarar como testigo. Aquí acaban sus procesos judiciales. Y todo ello pese a que ocho de cada diez varones enjuiciados por delitos relacionados con la violencia de género acaban condenados.

El primer trimestre de este año se tramitaron en España 6.974 solicitudes de órdenes de protección. Más de cuatro de cada diez fueron inadmitidas o denegadas por los jueces. En los juzgados de guardia se solicitaron 1.315 órdenes de protección. 405 de ellas fueron denegadas, es decir, el 31% del total de las solicitadas.

Por comunidades, resulta llamativo que las que más rechazan la adopción de órdenes de protección a las víctimas son Madrid, con el 55% de las solicitudes de órdenes de alejamiento rechazadas, y Cataluña, con el 58% del total.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, ha alertado de la violencia contra la mujer en el ámbito rural, ya que los datos oficiales revelan que el 72% de los asesinatos se produce en poblaciones con menos de 100.000 habitantes. “Es necesario que llegue la información a los municipios y pueblos más pequeños donde, en ocasiones, no se denuncia por vergüenza o porque la mujer no percibe que es una víctima”, apunta Carmona.

Desde este organismo se reconocen los fallos del sistema a la hora de atajar los asesinatos, sobre todo cuando se producen después de una denuncia previa como es el caso de Olivares. Carmona subraya que en el 30% de estos casos se constató la reanudación de la relación o la mujer se acogió a su derecho a no declarar. Carmona advierte que es evidente que todos los agentes implicados no hacen todo lo posible para advertir a la víctima del riesgo que corren al volver con su agresor.

Es aquí donde se hace decisiva la valoración policial sobre el riesgo real que sufre la mujer, ya que en función de ese informe la Policía puede adoptar medidas de protección sobre las víctimas sin tener que esperar a una decisión del juez. Estas medidas pueden ser llamadas periódicas a la víctima o incluso el control de un agente las 24 horas del día. Es aquí donde más se evidencia la falta de medios para cubrir las necesidades de estas mujeres.

La presidenta del Observatorio reconoce que “una de las preocupaciones del Consejo General del Poder Judicial es la renuncia de la víctima a continuar con ese proceso”, lo que frustra por completo cualquier iniciativa legal al respecto. Por ello es fundamental que las agredidas se sientan protegidas y apoyadas en todo momento. Solo así decidirán continuar con el proceso. En este sentido, no solo las instituciones sino también es decisivo el apoyo del entorno de la víctima. Familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo deben hacer ver a estas mujeres que no están solas, como muchas veces sienten.


Enlace al artículo original en Diario16.

Perfil oficial de la Asociación No Más Violencia de Género "José Antonio Burriel", por la erradicación de la violencia contra las mujeres.