Sobre violencia de género

marzo 25, 2015 en Artículos por No más violencia de género

Dos temas sobre violencia de género. Ambos interesantes, y que merecen la pena leer y tener en cuenta. El primero de ella está escrito por una especialista jurídica en violencia de género. El segundo reproduce unos párrafos de la intervención de Leticia Mata Mayrand, Directora del Teléfono ANAR, Fundación ANAR.

bigstock-Law-and-Justice-46192432-1200x780La reforma penal en curso: cambios en materia de violencia de género

María Castro Corredoira

Universidad de Santiago de Compostela 

El sonado Proyecto de Reforma del Código Penal, actualmente pendiente de dictamen en el Senado, está cada vez más cerca de ser aprobado.

Con esta reforma se introducen importantes modificaciones en el texto vigente del Código Penal. En concreto, en materia de violencia de género se acometen los siguientes cambios:

En primer término, se prevé la incorporación del género como motivo de discriminación en la agravante del artículo 22.4 CP. El prelegislador fundamenta esta decisión en el contenido del Convenio nº 210 del Consejo de Europa, sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, aprobado en Estambul por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 7 de abril de 2011, que define el género como “los papeles, comportamientos o actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres”. Por ello, se razona que el género puede erigirse como elemento justificativo de acciones discriminatorias. De este modo, el art. 22.4 CP pasará a leerse en los términos que siguen:

“Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad.”

Esta propuesta de inclusión del “género” se formuló a través de la enmienda nº814 al texto del Proyecto, planteada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular. En esta misma línea, el Grupo Parlamentario UPyD planteó la posibilidad de incorporar un nuevo apartado 9º al artículo 22 del vigente Código Penal, donde se configurase el género como una nueva agravante por “ejecutar el hecho por motivos machistas, como manifestación de la discriminación, la situación de igualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres”. La justificación aducida para defender la incorporación de una nueva agravante específica por razón de género se centraba en la eliminación de la desigualdad patente en determinados tipos penales cuando los delitos son cometidos en el seno de una relación de afectividad, de forma que ésta pasase a configurarse como una agravante genérica para cuya apreciación se exigiría la demostración de la existencia de una motivación machista. Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada.

En segundo término, se prevé la derogación del Libro III mediante la Disposición Derogatoria Única. Con ello, se prevé la desaparición de las faltas como categoría específica de infracción penal, de modo que parte de ellas (se estima que en torno a un 40%) se reconducirán por vía civil o administrativa, mientras que la parte restante, al tratarse de infracciones que se entiende que son merecedoras de reproche penal, se incardinarán en el Código Penal, previsiblemente como delitos leves. Es el caso de la falta del artículo 617.2, reguladora del maltrato de obra sin lesión, castigado con pena de localización permanente de dos a seis días, o multa de 10 a 30 días. Con la reforma, se prevé la inclusión de esta conducta en un nuevo tercer apartado del artículo 147, regulador de los delitos de lesiones, y que pasará a ser castigado con pena de multa de uno a dos meses. En relación a este artículo 147, se produce otro cambio importante, pues en su apartado 2º se van a castigar con pena de multa de uno a tres meses las lesiones no incluidas en el apartado 1º del mismo artículo, y como consecuencia de ello se introduce una modificación en el apartado 1º del artículo 153 CP, regulador del delito de maltrato ocasional, que omitirá la alusión a las lesiones no definidas como delito para hacer mención expresa a las lesiones de menor gravedad previstas en el artículo en el nuevo 147.2 CP.

Por otra parte, con la nueva redacción de los apartados 2º del artículo 172.2 y 4º del 173 CP, se establece que el castigo para coacciones, injurias y vejaciones leves contra quien sea o haya sido cónyuge, o contra persona con quien el autor mantenga o haya mantenido una relación de afectividad análoga a la conyugal, aun sin convivencia, consistirá en la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses.

Esta nueva categoría de delitos leves exigirá, con carácter general, la denuncia previa de la persona agraviada o de su representante legal. Sin embargo, esta exigencia no alcanzará a las infracciones relacionadas con la violencia de género (salvo en supuestos de injurias), con lo que se persigue el mantenimiento de un nivel de protección más elevado para esta clase de violencia.

Con el fin de evitar los problemas de transitoriedad que puedan surgir en la aplicación inmediata de los nuevos delitos leves, se incluyen algunas normas para adaptar la Ley de Enjuiciamiento Criminal a esta nueva regulación penal, de modo que éstos continuarán sustanciándose conforme el procedimiento previsto para el juicio de faltas del Libro VI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De esta forma, los Juzgados de Instrucción y los Juzgados de Violencia contra la Mujer mantendrán su competencia para el conocimiento y fallo de estos supuestos.

En tercer término, también se prevé una corrección en la imposición de las multas relacionadas con esta materia, con el objetivo de evitar la perturbación de la economía familiar. Por ello, únicamente se impondrán penas de esta naturaleza cuando conste acreditado que no existe relación económica entre el agresor y la víctima, derivadas de la relación conyugal, de convivencia o afiliación, o de descendencia común.

Otra previsión destacable es la tipificación expresa de ciertos actos tendentes a la perturbación del funcionamiento de los dispositivos telemáticos empleados para controlar medidas cautelares y penas de alejamiento. Con esta inclusión, se busca resolver un problema latente en la actualidad, y ya denunciado por la Fiscalía General del Estado 6/2011, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer, cual es el relativo a la calificación de ciertas conductas destinadas a la manipulación del dispositivo electrónico con el fin de alterar el normal funcionamiento del mismo. Por ello, se anuncia la incorporación de un apartado 3º al contenido del artículo 468 CP, donde se disponga, expresamente:

“Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares, no los lleven consigo u omitan las medidas exigibles para mantener su correcto estado de funcionamiento, serán castigados con una pena de seis a doce meses.”

Por último, en los últimos días todo apunta a que se amplíe la libertad vigilada a supuestos de lesiones en violencia de género. En cualquier caso, habrá que estar a lo que disponga el dictamen del Senado, para conocer los términos definitivos en que se aprobará la reforma.

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Comparecencia de la fundación Anar ante la subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas,  Madrid, 4 de marzo 2015.

  1. El Proyecto de Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, modifican la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incorporar en su parte dispositiva, concretamente en su artículo 1, el reconocimiento a los menores que conviven con una mujer víctima de violencia de género, como víctimas de esa violencia. En este sentido, se establece la obligación de los Jueces de pronunciarse de oficio sobre medidas cautelares de protección para los hijos/as de mujeres maltratadas, y se prevé que estos niños puedan permanecer con sus madres. Tal previsión supone un gran avance en la lucha contra la violencia de género que, como bien sabemos, afecta no sólo a las mujeres adultas sino a los menores de edad que conviven con ella y son testigos y sufridores de la misma casi a diario.

o-ANUNCIO-ANAR-facebookPero, desde la Fundación ANAR, creemos que todavía hay que dar un paso más. En el Teléfono ANAR, nos encontramos con casos donde mujeres víctimas de violencia de género con hijos/as menores de edad NO QUIEREN DENUNCIAR al no poderles garantizar que sus hijos/as no vayan a tener contacto y periodos de estancia con su padre, no estando ella ya presente. Por este motivo, vemos fundamental que, ante una denuncia de violencia de género y cuando se vaya acordar una orden de protección (conforme al artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), el Juez no sólo esté obligado a pronunciarse de oficio sobre las medidas cautelares de protección para esos niños, sino también a que NO establezca la guarda y custodia (individual o compartida) ni un régimen de visitas de los hijos con el padre hasta la extinción de la responsabilidad penal (tras lo cual será el Juez quien deba valorar si procede tal concesión), tal como se recoge en el Anteproyecto sobre el ejercicio de la Corresponsabilidad Parental, que lamentablemente creemos no ver aprobado en esta legislatura. De acuerdo con este Anteproyecto, sólo y con carácter excepcional, el Juez podrá establecer, si lo considera conveniente para la protección del interés superior de los menores, atendiendo a los criterios anteriores y a la peligrosidad del progenitor condenado, un régimen de visitas respecto de ellos, pero adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de éstos y del otro progenitor, debiendo realizar un seguimiento periódico de su evolución.

La violencia es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta un menor de edad en su desarrollo evolutivo. Erradicar la violencia en cualquiera de sus formas debe ser un compromiso de TODOS. El compromiso de la Fundación ANAR con todos los niños y niñas y adolescentes de nuestro país que sufren situaciones de violencia es escucharles, procurarles el ejercicio de su derecho a ser oído consagrado en la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño y en nuestra Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, no dejarles solos, ayudarles a salir de la violencia, acompañándoles y dar a conocer a la sociedad en su conjunto el drama que están viviendo en demasiadas ocasiones de manera silenciosa, oculta. Nuestra experiencia de más de 21 años atendiendo llamadas y escuchando a los niñas/as y adolescentes de nuestro país nos convierte en testigos directos de sus voces y, por este motivo, pedimos su apoyo, para que tengan en cuenta nuestra aportaciones, hechas con la única finalidad de ayudar a nuestra infancia y adolescencia.

Perfil oficial de la Asociación No Más Violencia de Género "José Antonio Burriel", por la erradicación de la violencia contra las mujeres.