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Las mujeres en la administración de justicia

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El Consejo General del Poder Judicial ha publicado –Gabinete de Comunicación- un informe sobre la presencia de la mujer en la Administración de Justicia española. Los datos son relevantes. Pero también lo es la escasa presencia de la mujer en los puestos importantes de la Judicatura. Y “Mujeres Juezas de España”, ha reaccionado con un comunicado. Tambien Susana Gisbert ha escrito sobre el tema.. // Jose-Antonio Burriel.

COMUNICADO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

lunes, 14 de mayo de 2018

El 53,5 por ciento de las sentencias notificadas en 2017 por los órganos judiciales fue dictado por juezas y magistradas, que a 1 de enero de ese año representaban el 52,7 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial en activo.

Este es uno de los datos que figura en el informe “Una perspectiva de género en la Justicia” publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el que se analiza la presencia de la mujer en la Carrera Judicial desde distintas perspectivas.

La mujer no pudo acceder a la Judicatura ni a la Carrera Fiscal hasta la entrada en vigor de la Ley 96/1966, que suprimía la limitación establecida en el apartado c) del número 2 del artículo tercero de la Ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos de la mujer. Aun así, hubo que esperar hasta la reforma del título preliminar del Código Civil operada por la Ley 14/1975 para poder hacerlo sin necesidad de consentimiento del marido, en caso de estar casada.

Desde entonces se ha recorrido un largo camino, pero en los últimos años la mujer viene incrementando de manera imparable su presencia en la Administración de Justicia, como prueba su predominio total en el ingreso en la Carrera Judicial desde 1996, lo que ha hecho que desde el año 2013 las mujeres sean mayoría entre los jueces y magistrados españoles.

Así, a 1 de enero de 2018 el porcentaje de mujeres entre los miembros de la Carrera Judicial en activo era del 53,2 por ciento y superaba al de los hombres en todos los órganos unipersonales, a excepción de los Juzgados de lo Mercantil. Entre los titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, las mujeres suponen el 71,4 por ciento.

Por el contrario, y tal y como reflejaba el informe sobre Estructura Demográfica de la Carrera Judicial publicado el pasado 28 de marzo, el porcentaje de presidentas de Sala de Tribunales Superiores de Justicia era del 20,7 por ciento; el de presidentas de Audiencia Provincial del 16,3 por ciento; y el de presidentas de Sección del 21,9 por ciento. Entre los magistrados del Tribunal Supremo, las mujeres suponen el 14,5 por ciento.

El porcentaje de sentencias dictadas en 2017 por juezas y magistradas, que en total fue del 53,5 por ciento, alcanzó el 66,1 por ciento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (penales), el 62,1 por ciento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (civiles) y el 62 por ciento en los Juzgados de Menores.

Las mujeres también dictaron prácticamente seis de cada diez sentencias en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción y en los Juzgados de lo Penal. Las juezas y magistradas también dictan más de la mitad de las sentencias –exactamente el 56 por ciento- en los Juzgados de lo Social.

Por el contrario, los órganos judiciales en los que el porcentaje de resoluciones finales dictadas por mujeres no alcanzó el 40 por ciento son las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (33,6 %), las Secciones civiles de las Audiencias Provinciales (34,8 %), las Salas de lo Social de los TSJ (37,9 %) y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (39,5 %).

En el caso de los órganos colegiados, aunque las sentencias las firman todos los miembros del tribunal, a cada juez/a o magistrado/a se le han contabilizado como suyas solo aquellas de las que ha sido el/la ponente.

Otras profesiones jurídicas

El informe “Una perspectiva de género en la Justicia” ofrece datos de la presencia de mujeres en otras profesiones jurídicas.

Así, en la Carrera Fiscal las mujeres representan a fecha de hoy el 64,1 por ciento de sus miembros y el 36 por ciento de sus cuadros directivos (fiscal de Sala, fiscal jefe, fiscal jefe de Área o fiscal superior de Comunidad Autónoma).

La presencia femenina también es mayoritaria entre los letrados de la Administración de Justicia, donde suponen el 67,5 por ciento. Las mujeres son exactamente el 50 por ciento de los LAJ destinados en el Tribunal Supremo y, entre los cuadros directivos, representan el 52,4 por ciento de los secretarios de Gobierno y el 46,9 por ciento de los coordinadores provinciales.

En otras profesiones jurídicas, la presencia de la mujer, aunque importante, aun es minoritaria: son el 40 por ciento de los abogados del Estado, el 30,8 por ciento de los notarios, el 44,7 por ciento de los registradores, el 33,4 por ciento de los procuradores y el 47,1 por ciento de los graduados sociales.

Por último, las mujeres superan el 55 por ciento entre los estudiantes matriculados de grado y primer y segundo ciclo de Derecho, y el 57 por ciento entre los que obtienen el título.

Consulte el informe “Una perspectiva de género en la Justicia” y otros boletines de información estadística.

SIN MUJERES, NO ES JUSTICIA

A PROPÓSITO DEL LLAMADO “INFORME UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA JUSTICIA” DEL CGPJ.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nos sorprendió el pasado lunes con un informe titulado “Una perspectiva de género en la Justicia” [1] realizado por la Sección de Estadística del CGPJ. Este informe carece totalmente de perspectiva de género a la que se refiere su título, ya no solo en el lenguaje no inclusivo que utiliza, sino también en su contenido. Y ello a pesar de disponer de una Comisión de Igualdad creada por la LO 3/2007 , cuya función esencial es “asesorar al Pleno sobre las medidas necesarias o convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del CGPJ y en particular elaborar los informes previos sobre impacto de género de los Reglamentos y proponer medidas para mejorar los parámetros de igualdad en la Carrera Judicial.” (art. 610.4º Ley Orgánica del Poder Judicial)

El informe referido aporta datos estadísticos (de 2009 a 2018) sobre la presencia de la mujer en todas las jerarquías y jurisdicciones de la carrera judicial , pero se añaden otros datos definidos como “Aspectos de la actividad de la mujer en la judicatura” claramente tendenciosos, que aportan información sobre las bajas , uso de licencias, permisos o excedencias de forma desagregada, que parecen más encaminados a generar un contexto de justificación social ante la exigua presencia femenina en la cúspide de la justicia, y también ante la inminente cobertura de tres vacantes de la Sala Penal del Tribunal Supremo, donde solo hay una mujer magistrada. Ello es así a tenor de las propias conclusiones del informe que ponen de relieve lo siguiente en relación al año 2017:

  • “A 1 de enero de 2018 el porcentaje de mujeres entre los jueces y magistrados en activo era el 53’2% , y superaba al de hombres en todos los órganos unipersonales , a excepción de los juzgados de lo mercantil en los que representa el 34’4%. (…) El porcentaje de presidentas de sala de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) era del 20’7%, el de presidentas de Audiencia el 16’3%.(…) Entre los magistrados del Tribunal Supremo las mujeres representan el 14’5%.(…)
  • Las mujeres dictaron el 53’5% de las sentencias.
  • Las mujeres han disfrutado de una media de 34’2 días de permisos y licencias , mientras que la media para los hombres era de 17’1 días. El tramo de edad en el que las mujeres disfrutan de mayor número de permisos es el de 30 a 39 años.
  • Respecto a las excedencias por cuidado de hijo , en 2017 las mujeres han solicitado el 97’9% y la totalidad por cuidado familiar. (…)”

El techo de cristal, sigue siendo infranqueable para las mujeres en casi todos los sectores económicos y con mayor virulencia en las cúpulas de todos los poderes desde donde se toman las decisiones que mueven el mundo. El poder judicial es un ejemplo paradigmático de las limitaciones profesionales de unas juezas, que aún siendo mayoría en la profesión, son invisibilizadas sistemáticamente en la foto oficial de la justicia , año tras año. Desde el año 2010 hasta el 2018, el número de magistradas en el Tribunal Supremo ha pasado de 10 a 12 (de un total de 83 integrantes, en la actualidad); el número de mujeres presidentas de Audiencias Provinciales ha descendido y ha pasado de 9 a 8 en la actualidad (de un total de 50) y no se ha producido en los últimos 8 años avance alguno de género en cuanto al número de presidentas de Tribunales Superiores de Justicia, donde en la actualidad solo hay una magistrada de un total de 17 .

Por tanto puede concluirse que la presencia femenina en los puestos judiciales de nombramiento discrecional del CGPJ ha disminuido en términos relativos, en los últimos ocho años, si partimos de una judicatura integrada mayoritariamente por mujeres, lo que supone un retroceso de género carente de racionalidad tras cuarenta años de Constitución, que contraviene lo establecido en los ejes de actuación del Plan de Igualdad de la Carrera Judicial aprobado por el propio CGPJ el 14 de febrero de 2013 y el artículo 11 de la LO 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

La ONU ya advirtió de esta anomalía democrática de la judicatura española en su informe de fecha 17 de junio de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujeres en la legislación y en la práctica en España, recogiéndose en sus conclusiones como recomendaciones finales vinculantes para el Estado español:

“Con respecto a la participación de la mujer en la vida política y pública el grupo de trabajo recomienda que el Estado aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública , en particular en los niveles más altos de la Judicatura y en el Servicio Exterior.”

La sociedad, integrada por hombres y mujeres, debe tener obligatoriamente su reflejo en la composición del máximo órgano judicial, por ello es urgente lograr una Justicia igualitaria, no sólo exógena sino también endógena, garantizadora de la integración diversa y la participación equilibrada de hombres y mujeres, como requisito de legitimidad democrática.

De otro lado, es ya incuestionable a la luz de las estadísticas, la doble presencia de las juezas que como en el resto de profesiones, sostienen mayoritariamente el trabajo de los cuidados familiares carente de valoración curricular en la Judicatura y por tanto las coloca en una competición profesional desigual, en relación a sus compañeros.

Hacer real el principio de igualdad material no permite neutralidad, hay que adoptar un enfoque constitucional y remover los obstáculos mediante acciones positivas tendentes a lograr la igualdad sustancial, a través de medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad tal y como prevé el artículo 11 de la LO 3/2007 en relación con el artículo 9.2º de la Constitución Española.

Por todo ello desde AMJE reivindicamos que por parte del CGPJ se promuevan las siguientes medidas :

1º)- Implementación de acciones positivas de género en las próximas coberturas de vacantes del Tribunal Supremo, presidencias de Audiencias Nacionales y presidencias de Tribunales Superiores de Justicia hasta lograr una composición equilibrada de hombres y mujeres, de acuerdo con la Disposición Adicional 1ª de la LO 3/2007.

2º)-Valoración curricular en el acceso a la carrera judicial y en la promoción profesional, del tiempo dedicado por hombres y mujeres a los cuidados familiares , en correspondencia con lo previsto en el artículo 57 de la LO 3/2007.

3º)-Dotar a la Comisión de Igualdad del CGPJ de los medios suficientes para integrar la perspectiva de género en todas las actuaciones que se lleven a cabo por este órgano de gobierno, formada por miembros permanentes, y con la dotación económica necesaria.

4º)-Revisar y actualizar el Plan de Igualdad de la carrera Judicial, ante su falta de eficacia, el cual, con carácter transversal, se aplique de forma obligatoria en todas las actuaciones del órgano de gobierno de juezas y jueces (CGPJ)

“Sin Mujeres No Es Justicia” – AMJE

no sin mi toga susana gisbert

MUJERES EN JUSTICIA

Susana Gisbert Grifo. Fiscal de violencia sobre la mujer. Escritora.

No es la primera vez que hablo de esto, ni soy la única que lo hago. Y no será la última, mucho me temo, si las cosas siguen por los mismos derroteros. Pero con quiera que el mundo es de quienes persisten, aquí estoy de nuevo. Insistiendo y persistiendo. Y alimentando algo más que la esperanza de que algún día nos hagan caso.

Próximamente habrán de cubrirse tres vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, un territorio vedado donde, hasta el momento solo hay una mujer, que alcanzó este puesto hace cuatro años. Una jurisdicción, por cierto, donde se dirimen todas las cuestiones que llegan hasta el Tribunal Supremo en materia penal, lo que significa que son quienes en última instancia deciden sobre los recursos relativos a delitos contra la libertad sexual, entre otras muchas materias. Así que, las decisiones que ponen fin a la vía judicial en delitos donde una apabullante mayoría de víctimas son mujeres son tomadas por una apabullante mayoría de hombres. Tal como suena. Y no dudo yo de los méritos de quienes ostentan tan alto cargo, pero ya sería hora de que se diera entrada a una representación más proporcionada de la otra mitad de la población, las mujeres. Porque haberlas, haylas.

Es curioso, por no decir otra cosa, que en una carrera donde existe una abrumadora mayoría femenina de profesionales –nada menos que un 64 por ciento- la pirámide se invierta de un modo tan radical a la hora de ir ascendiendo puestos, llegando a un raquítico 15 por ciento en la cúspide. Números cantan. Y siguen cantando si tenemos en cuenta que solo hay una presidenta de Tribunal Superior de Justicia de los dieciocho que hay. Suma y sigue. No hay más que echar un vistazo a la foto de la apertura del año judicial para darnos cuenta de que, cuanto más se sube en el escalafón, más invisibles nos volvemos.

Es curioso, por no decir otra cosa, que en una carrera donde existe una abrumadora mayoría femenina de profesionales –nada menos que un 64 por ciento- la pirámide se invierta de un modo tan radical a la hora de ir ascendiendo puestos, llegando a un raquítico 15 por ciento en la cúspide.

Ni siquiera el Tribunal Constitucional quiso aprovechar la oportunidad de corregir su infrarepresentatividad femenina en la última ocasión que tuvo. Pese a la existencia de varias candidatas mujeres sobradamente preparadas –además de quien suscribe estas líneas-, prefirieron continuar con su linea de mayoría masculina y solo nombraron a una de entre los cuatro puestos a cubrir, quedando en un escuálido dos a diez. Una actitud que llama la atención en un órgano que tiene por misión garantizar los derechos de la ciudadanía consagrados en la Constitución, la igualdad entre ellos. Como dice el refrán, en casa del herrero, cuchara de palo.

…si bien es cierto que podemos presumir de ya haber tenido una mujer al frente de nuestra carrera, no lo es menos que ha sido la única hasta el momento y que no siquiera cubrió un mandato entero.

Y no andamos más finos en la carrera fiscal. Aunque nuestro porcentaje de mujeres al frente de jefaturas de fiscalías es algo mayor que en las juezas, no cabe llevarse a engaño. Siendo como somos una carrera donde más del 60 por ciento somos mujeres, el 68 por ciento de los puestos directivos están copados por hombres. Es decir, más de lo mismo. Por más que haya muchas fiscales más que sobradamente preparadas. Y, si bien es cierto que podemos presumir de ya haber tenido una mujer al frente de nuestra carrera, no lo es menos que ha sido la única hasta el momento y que no siquiera cubrió un mandato entero. Así que tampoco es razón para echar las campanas al vuelo. Ni mucho menos.

Llegadas a este punto, no podemos obviar el tema de las cuotas. Una cuestión ampliamente discutida y debatida y que creo que no debe hacer llevarse las manos a la cabeza a nadie. Si echamos un vistazo al pasado, veremos que esto de las cuotas no es nada nuevo. Hasta diciembre de 1966, por ley, y hasta principios de los 70, de facto, se aplicó una política de cuotas de la manera más estricta posible. El 100 por 100 de las personas que integraban las carreras judicial y fiscal tenían que ser hombres. Una cuota legal, establecida por una ley que prohibía a las mujeres el acceso. Pero parece ser que a eso nadie lo considera cuota.

No se trata, como piensan algunos, de nombrar a mujeres por el hecho de serlo, sino más bien al contrario. Que ser mujer no sea un obstáculo para nombrar a quienes lo merecen.

Ha llovido mucho desde entonces. Tanto, que ya no vale la excusa esgrimida durante largo tiempo de que no habían pasado los años suficientes para que hubiera mujeres preparadas. Ahora ya no vale. Por más que, en algún momento, alguien debiera haberse planteado como corregir esa disfunción que nos hacía partir en desventaja una vez proclamada la Constitución. Pero no miremos al pasado. Hagámoslo a un futuro donde, por fin, podamos estar tan representadas como merecemos.

No terminaré estas reflexiones sin hacer alusión a la abogacía. Porque, aunque ellas llegaron antes –la primera mujer colegiada como abogada fue la valenciana Ascensión Chirivella, en 1922-, tampoco ahí atan los perros con longanizas. Es cierto que es una mujer quien preside en la actualidad en Consejo General de la Abogacía, un verdadero hito del que congratularse, pero las cifras de presidentas de Colegios de Abogados –así se llaman todavía la mayoría de ellos- o de la Abogacía no son tampoco para echar cohetes. Y si echamos un vistazo a los nombres de quienes dirigen los grandes bufetes, todavía menos. La corresponsabilidad es todavía un obstáculo difícil de salvar.

Así que el panorama es, cuanto menos, manifiestamente mejorable. Y no se trata, como piensan algunos, de nombrar a mujeres por el hecho de serlo, sino más bien al contrario. Que ser mujer no sea un obstáculo para nombrar a quienes lo merecen. Mujeres que, además, han venido bregando durante toda su vida profesional con problemas extras derivados de circunstancias ineludibles como la maternidad y con una legislación que no ayudaba a vivirla en igualdad con los compañeros varones.

Hace apenas unos días, veíamos cómo, por primera vez en nuestra historia judicial, fallaba una Sala del Tribunal Supremo formada por cinco magistradas. De la jurisdicción social, en este caso. Y en un tema con una perspectiva de género indudable, relacionada con los permisos por lactancia. Y ya vemos, no ha pasado nada. Las fuerzas de la naturaleza no se han sublevado en un enorme cataclismo ni nos han caído de golpe las siete plagas de Egipto. Se puede. Solo hay que poner empeño. O, al menos, no poner trabas.

Ahora surge una nueva oportunidad, la enésima. A ver si esta vez, por fin, vamos tomando posiciones. Aunque sea por no oirnos. Porque si no, a la próxima, volveré a soltar la misma perorata. Y así una vez y otra. Hasta el infinito, y más allá.

Ojala no tuviera que volver a hacerlo. Pero hasta entonces, ahí seguiremos. Exigiendo la presencia de mujeres en Justicia.

Mujeres en Justicia

Perfil oficial de la Asociación No Más Violencia de Género "José Antonio Burriel", por la erradicación de la violencia contra las mujeres.

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