Inicio Artículos Sobre la futura ley de infancia

Sobre la futura ley de infancia

21 minuto leer
0
0
422

El periódico EL MUNDO acaba de publicar un extenso resumen sobre el borrador de la Ley de Infancia por el periodista Rafael J. Alvarez. Lo reproducimos. Proteger a los menores, educarlos con esmero, es importante para el futuro de la sociedad. Nos vamos a encontrar en este borrador datos acerca del maltrato que sufren los menores. Prevenirlo es esencial. Estamos ante una violencia social, intraescolar y también doméstica o familiar. JOSE-ANTONIO BURRIEL

  • Así es el borrador de la Ley de Violencia contra la Infancia con el que trabaja el Gobierno

El Gobierno trabaja la futura Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia sobre un borrador elaborado por una treintena de expertos que obliga a los ciudadanos a denunciar, a los colegios a actuar ante la «mera revelación» de un menor, prohíbe el castigo físico y psicológico con fines disciplinarios y plantea, entre otras medidas, que un niño sea declarado «en riesgo» si recibe de sus padres una «corrección violenta», aunque sea aislada.

El documento está redactado por Save The Children y la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Los autores se reunieron durante meses con psicólogos, pediatras, plataformas de infancia, federaciones de discapacitados, colectivos LGTBI, PolicíaUnicefAcnurNaciones Unidas, universidades, asociaciones de víctimas, planificación familiar, médicos y juristas. En estos dos últimos ámbitos se recabaron aportaciones de letrados del CGPJ, las Cortes, la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid.

Se titula Borrador de Expertos y Organizaciones de la Infancia. Bases para una Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y lleva fecha de agosto de 2018. Consta de 86 páginas y está estructurado como una ley, con títulos, capítulos, artículos y disposiciones preliminares, adicionales y finales. Una de éstas últimas recoge un ejemplo de la filosofía que lo inunda: la disposición final sexta modifica el Código Penal y sustituye el término «pornografía infantil» por «imágenes de abuso y explotación sexual de menores».

Los ministerios implicados están estudiándolo, junto a otras aportaciones, para añadir o retirar medidas. La propuesta obliga a la formación en derechos de la infancia y abordaje de la violencia de cualquiera que trabaje con menores o vaya a hacerlo: estudiantes de Medicina y Psicología, profesores, monitores, trabajadores sociales, jueces, fiscales, policías y hasta periodistas, a los que se pide no revelar jamás la identidad de un niño. Establece acciones de prevención, detección y actuación para padres y menores. Y crea un régimen sancionador y rehabilitador para los agresores. Los delitos sexuales, por ejemplo, no prescribirán hasta que la víctima cumpla 50 años.

El documento modifica artículos de la Ley del Menor, la Ley de Extranjería o la LOE y deroga medidas del Código Penal y el Civil.

DEBER DE DENUNCIAR

Según el borrador, las autoridades, los servicios públicos y las «personas físicas» que detecten «indicios de violencia» contra un menor tienen «obligación» de atenderle de inmediato o «comunicarlo a las autoridades o sus agentes». Salvo que los padres o tutores sean los culpables, deben informarles de los hechos a ellos o a la Fiscalía de Menores. Los denunciantes podrán declarar manteniendo el anonimato con las garantías de los testigos protegidos. Y el Estado garantizará que todos los niños, niñas y adolescentes dispongan de «mecanismos claros y confidenciales de denuncia a los que puedan acceder de forma anónima».

PALABRA DE MENOR

El sistema judicial tratará de que los niños sólo declaren una vez (algunos pasan calvarios de cinco comparecencias) y de que lo hagan con un psicólogo. Sus testimonios serán grabados. La presencia de un menor en un juicio oral debe ser algo «excepcional» y, en ese caso, se evitará que vea a su agresor.

El plan obliga a los jueces a escuchar a los niños y compele a los colegios y centros de protección a actuar cuando un menor manifieste un caso de violencia. La expresión que el borrador repite es la «mera revelación» del menor. Todos los centros educativos y de protección de menores, públicos y privados, «están obligados a tener protocolos de actuación frente a indicios de violencia, entre los que se incluirá la mera revelación por parte del niño o niña». Y eso vale también para casos de bullying, ciberacoso y abuso sexual.

Los protocolos incluirán además medidas contra la filtración de imágenes que «menoscaben la intimidad y reputación de los menores».

PROHIBIR LOS CASTIGOS

«Se prohíbe expresamente cualquier tipo de violencia física, emocional o psicológica con fines disciplinarios». Se incluye el «aislamiento» y los castigos «que limiten el contacto con los familiares».

Un menor podrá ser considerado en «situación de riesgo» cuando sus padres o sus tutores utilicen «el castigo físico, psicológico o emocional, o pautas de corrección violentas que, sin constituir un episodio severo o un patrón crónico de violencia, perjudique su desarrollo». Es decir, un castigo violento aunque no sea grave, ni prolongado en el tiempo.

SITUACIÓN DE RIESGO

La situaciones de riesgo incluyen, además de cuando el menor sufra castigos, si el «conflicto abierto y crónico» entre sus padres le desatiende, si no se acepta su identidad sexual o si es sometido a terapias «de aversión» LGTBI o si está afectado por un desahucio. Cuando el menor sea declarado en riesgo, la Administración deberá «mejorar el medio familiar» capacitando a los padres. El menor y sus padres serán escuchados «necesariamente».

La «situación de desamparo» define a menores abandonados, maltratados o abusados sexualmente. O que no son alimentados. Un caso de desamparo deberá resolverse como máximo en tres meses.

EDUCACIÓN SEXUAL A LOS 6 AÑOS

Todos los colegios, públicos o privados, impartirán «educación sexual integral». Estará adaptada a la edad y el «nivel madurativo» de cada menor y orientada a «educar en relaciones, afectivas y sexuales seguras y libres de violencia». La educación «afectivo sexual» se facilitará «en toda la enseñanza básica»: entre los seis y los 16 años.

Los objetivos de la educación infantil son que los menores aprendan a «conocer su propio cuerpo y el de los otros», su «autonomía personal» y el respeto a la discapacidad y las «distintas realidades sexuales» como homosexualidad, transexualidad e intersexualidad. Y se les transmitirán «nociones de consentimiento». En primaria se trabajará en habilidades para la «prevención, detección y denuncia de la violencia» y la «resolución pacífica de conflictos. Y en temas como la «prevención de embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual».

NO TRABAJARÁN CON NIÑOS

Los padres que secuestren a sus hijos irán a la cárcel hasta cuatro años y podrán perder la patria potestad durante 10. El juez podrá sacar de casa a un imputado por violencia, imponerle un alejamiento, colocarle una pulsera de control, prohibirle «actividades de contacto con menores» y retirarle «temporalmente» patria potestad, guarda, custodia, acogimiento, tutela, curatela y visitas. El padre «inmerso» o «condenado» por violencia de género perderá la guarda y custodia y no podrá tener contacto con los menores, algo que se revertirá una vez extinguida la responsabilidad penal si un informe psicosocial lo indica por interés del menor.

Tampoco podrán trabajar con niños y niñas quienes hayan cometido cualquier delito aunque no haya sido sobre menores (racismo, robo, discriminación). Si es muy grave (homicidio, por ejemplo), la prohibición podría llegar hasta los 30 años tras la salida de prisión.

431 JUZGADOS ESPECIALES

La formación es uno de los pilares del borrador. Habrá abogados de turno de oficio con especialización en violencia contra la infancia y contenidos específicos para médicos, psicólogos, jueces o policías. Las carreras educativas, sanitarias y sociales tendrán materias contra la violencia infantil, y en Periodismo se estudiarán «derechos de la infancia». Los forenses que trabajen con menores deberán estudiar psicología evolutiva.

Se fija la creación de 431 Juzgados de Violencia contra la Infancia (uno por cada partido judicial), una Sección de Menores en la Audiencia Nacional, un Registro de Violencia contra la Infancia y la Agenda Nacional de Investigación, en la que «participarán los menores».

ESTERILIZACIONES…

El borrador prohíbe la «esterilización forzosa y los abortos coercitivos» a personas con discapacidad y elimina las devoluciones en caliente de menores. Y es tan meticuloso que insta a que «la arquitectura de las instalaciones deportivas dificulte al máximo la perpetración de abusos».

PRINCIPALES MEDIDAS

  • Los autores de delitos graves de cualquier índole no podrán trabajar con menores entre cinco y 30 años después de salir de la cárcel.
  • Los padres o madres que secuestren a sus hijos irán a la cárcel entre dos y cuatro años y podrán perder la patria potestad hasta 10.
  • Un caso de desamparo no podrá resolverse más tarde de 72 horas.
  • Si un agresor es menor de 14 años se le aplicará la legislación sobre protección de menores y reeducación en la no violencia.
  • Los abusos sexuales a menores no prescribirán hasta que la víctima cumpla 50 años.
  • Se pide la creación de 431 Juzgados de Violencia contra la Infancia, uno por partido judicial.

4.000 denuncias por abusos sexuales

En España se registraron 37.495 denuncias por delitos violentos contra menores de edad en 2016. De ellas, 4.061 fueron por malos tratos en el ámbito familiar y 4.056 por abusos sexuales. Son datos de la ONG Save the Children, que esta semana ha lanzado la campaña ‘Rompo el silencio’, con testimonios de adultos que fueron víctimas de abusos sexuales cuando eran menores, para pedir al Gobierno un impulso de la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia. Según la ONG, una de cada dos denuncias por abusos sexuales tienen como víctima a menores de edad pese a que se estima que sólo se denuncian el 15% de los casos reales. El 70% de las denuncias no llegan a juicio oral. En la mitad de los casos el agresor es un familiar y en un 30%, alguien del entorno. 

La ONG subraya también que en lo que va de 2018 el número de niños muertos por causas violentas asciende a 18. Cinco de ellos han sido presuntamente asesinados por sus padres, puesto que el reciente caso de las dos niñas de Castellón y el de otras dos hermanas en julio en La Orotava (Tenerife) están aún en fase de investigación. Desde que en 2013 se comenzó a contabilizar el número de niños muertos en casos de violencia de género, 27 menores han fallecido por esta causa.


Enlace al artículo original en diario El Mundo.

Perfil oficial de la Asociación No Más Violencia de Género "José Antonio Burriel", por la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Cargue Artículos Más Relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Mira además

La asistencia psicológica a las víctimas de violencia de género debe ser un derecho por ley en el momento de la denuncia

Gran éxito de asistentes y relevancia de la Mesa Redonda sobre la Asistencia Psicológica a…